El corresponsal del diario El País, de Madrid, Jorge Marirrodriga, está haciendo un seguimiento exhaustivo de las elecciones en la Argentina. El que sigue es un informe que el periódico publicó en su edición de este viernes, titulado "Bolsillo lleno, corazón partido".
En su enfrentamiento con el aparato del peronismo controlado por Eduardo Duhalde, el presidente Néstor Kirchner y sus candidatos para las legislativas del domingo han insistido en que su fórmula política no es excluyente y que admite a otras formas de pensar en principio ajenas al Partido Justicialista (PJ). De hecho, el presidente tiene el apoyo casi unánime de los gobernadores argentinos, incluyendo a muchos de ellos que, en teoría, deberían pertenecer a la oposición. Juristas, periodistas y ex ministros advierten de que esto es gracias al reparto que el Ejecutivo hace de unos fondos que, según marca la Constitución, deberían ser gestionados por las provincias y no por el Gobierno.
"Las provincias están totalmente sometidas a los dictados del Ejecutivo y ése es el motivo por el que varios gobernadores de la oposición han intercalado en sus listas a candidatos de Kirchner", asegura el constitucionalista
Daniel Sabsay, para quien el actual sistema de reparto de los ingresos "es un arma maravillosa de dominio por parte del Gobierno". De hecho, el Gobierno central cuenta con el apoyo de los gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR) de Santiago del Estero y Corrientes, o del independiente Frente Renovador de la Concordia (FRC) en Misiones, donde además encabeza las listas un radical.
De acuerdo con la Constitución argentina promulgada en 1853 y reformada en 1994, los impuestos directos deben ser gestionados por las provincias mientras los indirectos son tratados tanto por el Estado como por las provincias. "El problema es que la Constitución también permite al Estado imponer durante un tiempo determinado la gestión en solitario de estos recursos, pero los Gobiernos, en una práctica que se remonta ya a los años treinta, lo han hecho con plazo indeterminado", apunta el abogado
Gregorio Badeni, profesor de Derecho Constitucional.
"Todos, de uno u otro modo, viven del apoyo del poder central. Los que pueden hacer que el tema se plantee en la campaña electoral no tienen suficiente fuerza pública para ser escuchados", opina
Julio César Perotti, coordinador de noticias de
La Voz del Interior, de Córdoba, para quien en la Administración Kirchner "se han diluido las líneas de separación entre las fuerzas políticas, en particular aquellas que gobiernan en las provincias. De hecho, basta ver la situación en Tierra del Fuego, donde el gobernador Jorge Colazzo fue expulsado de la UCR por alinearse con el presidente, peronista".
Algunas voces que han conocido bien el funcionamiento del Gobierno argentino por dentro coinciden en destacar la subordinación de los gobernadores al presidente. "Salvo en el caso del gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, que ha dicho explícitamente que quiere ser presidente del país liderando una coalición de centro-derecha, todos los demás están de acuerdo con Kirchner", denuncia el ex ministro de trabajo
Ricardo Gil Lavedra. "Un caso espectacular es el del gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, quien iba en las listas de Carlos Menem en las elecciones presidenciales de 2002 y ahora apoya a Kirchner", añade.
La reforma constitucional de 1994 preveía una negociación entre el Estado y las provincias para la distribución de los impuestos que se cobran, la denominada "coparticipación", pero la ley que debía plasmar ese reparto no ha sido elaborada y el resultado es que el Estado se queda con la parte más grande de la recaudación. "Se trata de un incumplimiento obsceno de la constitución argentina", apunta Sabsay, "está destruyendo el federalismo sobre el que se fundó este país y además no existe mecanismo alguno de control porque no se han creado". La falta de control provoca que quede a discreción total del Ejecutivo cuando libera los fondos a las provincias y no es extraño el caso de retrasos si hay disputas, según confirman algunos de los entrevistados en este reportaje.
"Lo cierto es que las provincias pobres siguen siendo pobres y las ricas cada vez son más pobres porque disponen de menos recursos para generar riqueza", asegura Badeni. En casos como la ciudad de Buenos Aires la desproporción entre lo que se obtiene para el Estado y lo que se recibe de éste es abismal. Obtiene el 30% del total de recaudación vía impuestos de todo el país y apenas recibe el 1% de los recursos que debían ser coparticipados. "El resultado es que Argentina tiene cada vez un sistema menos federal y más centralista", advierte el constitucionalista Sabsay, para quien no es necesario retocar la Carta Magna de los argentinos, sino hacer que ésta se cumpla.
"Ningún gobernador quiere abrir la caja de Pandora que eso supondría, porque desde el año 1987 se emplea un sistema de cuotas que prefieren, por injusto que sea, enfrentarse a un nuevo reparto", subraya Gil Lavedra. "No se puede plantear de antemano una reforma del Estado. No puede hacerse cuando hay tal nivel de pobreza, desigualdad y descreimiento en la política", afirma el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, en cuyo territorio vive el 38,10% de la población del país y se genera el 35% del producto interior bruto (PIB) argentino "mientras recibe el 21,5%", apunta el gobernador.
